En los últimos días, la propuesta legislativa de la diputada correntina Sofía Brambilla, del PRO, ha captado la atención de los medios, la sociedad y los actores del sector de la yerba mate. El proyecto de ley busca la disolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), creado por la ley 25.564, y la creación de un "Fondo de la Yerba Mate" temporal. Este fondo se constituiría con los recursos remanentes del Instituto, que, tras cumplir con sus obligaciones, serían redistribuidos entre los integrantes de la cadena productiva yerbatera, bajo la supervisión de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
La iniciativa ha generado diversas opiniones sobre la continuidad del Instituto Nacional de la Yerba Mate, lo que motivó una entrevista con la legisladora. Brambilla explicó que las quejas de los yerbateros sobre el INYM no son recientes y que ha estado preparando el proyecto durante casi un año. Tras participar en una reunión informativa organizada por las comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Economías y Desarrollo Regional, donde se plantearon inquietudes sobre la importación de yerba y el funcionamiento del INYM, decidió avanzar con la propuesta.
La diputada señaló que en dicha reunión se escucharon críticas sobre la falta de designación del presidente del organismo por parte del Ejecutivo Nacional y sobre la percepción de que el Instituto prioriza la estructura productiva de Misiones en detrimento de la de Corrientes, donde también se concentra la producción e industrialización de la yerba mate. Sin embargo, Brambilla aclaró que no solo voces correntinas se alzaron contra las ineficiencias del Instituto, sino que también misioneros expresaron críticas similares sobre la dilución de la función principal para la que fue creado en 2002.
La función principal del INYM, según Brambilla, era fijar precios mínimos para la hoja verde y proteger a los pequeños productores misioneros, en respuesta a un conflicto por los bajos precios. El INYM fue concebido como un organismo integrado por representantes de Misiones, Corrientes y el Poder Ejecutivo Nacional, con la facultad de determinar precios mínimos. Sin embargo, la legisladora argumenta que esta función no se ha cumplido eficazmente, ya que desde 2020 la Secretaría de Agricultura de la Nación ha tenido que intervenir mediante laudos para establecer los precios mínimos.
Ante esta situación, Brambilla propone disolver el Instituto, cumplir con sus obligaciones pendientes y redistribuir los recursos remanentes entre los actores de la cadena productiva. Además, critica que el INYM se haya convertido en una plataforma política y que sus directores hayan realizado costosos viajes al exterior sin resultados concretos para el sector yerbatero. La diputada niega que su proyecto sea en contra de los pequeños productores, sino que busca eliminar la multiplicidad de organismos y estructuras que duplican funciones del Estado.
Brambilla defiende la necesidad de ser eficientes y transparentes, y señala que su iniciativa busca tocar intereses de unos pocos. En este sentido, coincide con un productor de Misiones que, en una reunión de comisiones, expuso que las condiciones locales hacen que la provincia sea menos competitiva que Corrientes. El productor mencionó el estado de los caminos, la alta presión impositiva provincial y el costo del flete como obstáculos. Por último, la diputada considera que el INYM realiza funciones de fiscalización y promoción que ya son llevadas a cabo por otros organismos estatales, lo que genera una superposición de estructuras burocráticas.
